La libertad de prensa que rigió entre 1910 y 1949 (brevemente interrumpida por una censura previa de escasa fuerza entre julio y octubre de 1944, con motivo del golpe militar de Pasto, y afectada por la presión no oficial de la iglesia, que reiteraba la prohibición de lectura a uno y otro periódico liberal, bajo penas de excomunión, y por la violencia del 9 de abril, cuando grupos de enardecidos liberales destruyeron o incendiaron las instalaciones de los diarios conservadores El Siglo, El Colombiano, la Defensa y La Patria, entre otros)) se interrumpió el 9 de noviembre de 1949, cuando el presidente Mariano Ospina Pérez, en desarrollo del artículo 121 de la constitución, decretó la censura previa de la prensa y la radio. Ese mismo día las autoridades impidieron la circulación del periódico El Espectador, cuyo director, Luis Cano, renunció inmediatamente. Esta censura, que coincidió con presiones comerciales como la llamada operación K, atribuida por los liberales a Álvaro Gómez Hurtado, se prolongó hasta 1957, y estuvo acompañada de otras restricciones y presiones a los periódicos. Vale la pena recordar que en septiembre de 1952 se produjo el asalto e incendio de los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador, en el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez. En 1953 el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla cerró El Siglo y el Diario Gráfico, y en 1955, después de muchos actos de hostigamiento previos, llevó al cierre de El Tiempo y El Espectador. Durante la dictadura militar de Rojas Pinilla el gobierno mantuvo un continuo enfrentamiento con la prensa, que se manifestó en normas legales que trataban de proteger a los funcionarios de posibles injurias y calumnias, en la creación de una prensa estatal y paraestatal subsidiada por el gobierno, orientada, según este, a proteger a la ciudadanía de unos medios de comunicación monopolistas y oligárquicos, y en el hostigamiento legal, tributario y comercial de los periódicos de oposición.
